Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS)

Después del 4 de diciembre del 2014, todas y todos vimos con buenos ojos y hasta nos convencimos que con la entrada de en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en México se abrirían nuevas oportunidades para hacer efectiva la garantía de tales derechos.

A través de las organizaciones de la Sociedad Civil que conformamos la Red por los Derechos de la Infancia en Chiapas (REDIAS), comenzamos a exigir que las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad sean reconocidos en todo momento como sujetos de derecho capaces de transformar su entorno y que su opinión sea tomada en todos los asuntos que les afecten.

En ese ánimo, nos dimos a la tarea de participar y darle seguimiento al actual proceso de “armonización” de la Nueva Ley de Derechos de NNA en el estado de Chiapas. Entre febrero y abril del presente año, las organizaciones vinculadas con la protección los Derechos de la Infancia (Melel Xojobal, Save The Children, Chantk Taj Tajinkutil, Skolta´el Yu´un Jlumaltic, Alianza para la Salud la Alimentación y Nutrición, Aldeas Infantiles, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Voces Mesoamericanas, Acción Pueblos Migrantes) asistimos a reuniones de trabajo con la LXV Legislatura del Congreso del Estado para participar en la elaboración del proyecto de Ley; en ellas analizamos los contenidos preliminares e hicimos propuestas concretas a fin de avanzar hacia la garantía plena de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y transitar hacia una nueva institucionalidad que considere los principios y el enfoque de derechos de la infancia.

Enfatizamos en la importancia de que la Informe Infancia Cuenta 2014 2Procuraduría de Protección debe estar adscrita a una institución de alto nivel diferente de aquella que brinda asistencia social (para contribuir tanto a la consecución del objetivo general de hacer que la infancia sea más visible en el gobierno, como a la coordinación para lograr la restitución y protección de sus derechos en a todos los niveles). Asimismo advertimos la necesidad de etiquetar y garantizar el máximo de recursos disponibles en esta Ley, ya que sin presupuesto, niñas, niños y adolescentes no verán avances reales en la garantía de sus derechos en su vida.

En lo que compete al tema de la migración y niñez-juventud indígena migrante chiapaneca, propusimos lo siguiente para Capítulo Décimo Octavo, que es que aborda los derechos de la niñez y adolescencia migrante y al leer con asombro que las y los legisladores siguen erráticamente considerando a Chiapas como un estado de paso de migrantes:

  1. Crear la Procuraduría de Protección con un enfoque intercultural, donde las cuestiones culturales sean imperativos (que se respete la lengua, el origen y que en todo momento se tenga el derecho a un traductor).
  2. Agregar un artículo completo sobre el perfil indígena de las niñas, niños y adolescentes que están migrando desde el estado de Chiapas.
  3. Hacer mención que hay una importante migración interna en el estado de Chiapas y hacia otros lugares del país, no solo la que se dirige hacia los Estados Unidos.
El Proyecto de Ley presentado por parte del poder ejecutivo del estado no toma en cuenta las aportaciones de la sociedad civil. Externamos nuestra preocupación por el riesgo de que el Proyecto no se presente o se presente sin tener la oportunidad de que la sociedad civil revise temas pendientes, y pueda contribuir a su mejoramiento, con lo que se desaprovecharía la oportunidad para que en perspectiva del Interés Superior de niñas, niños y adolescentes se articulen los esfuerzos de ciudadanas y ciudadanos, academia, organismos internacionales, sociedad civil y del Estado en sus tres niveles de gobierno.
Estamos convencidos que es necesario abrir el debate para discutir el proyecto de Ley y garantizar que responda a los grandes desafíos de la infancia y adolescencia en Chiapas. Como parte de este proceso, el Estado de Chiapas debe generar una nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los próximos meses, lo que constituye una oportunidad histórica para revertir la grave situación de vulneración de derechos de los casi 2 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en el estado, de los cuales el 84% vive en pobreza, y 1 de cada 3 habla alguna lengua indígena.

redias

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