Quienes somos

¿Quienes somos?

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, es una organización civil mexicana, constituida formalmente como asociación civil en abril de 2011. Tiene sus antecedentes en el espacio de diálogo y reflexión estratégica sobre Desarrollo y Migración, que en el contexto de la reforma migratoria de Estados Unidos en 2011, llevó a Washington las "Voces Mesoamericanas" que promueven un enfoque de política regional y una visión de mediano y largo plazo que toma en cuenta las causas estructurales, económicas y políticas de las migraciones.

Misión

Somos una asociación civil que promueve la organización y articulación de sujetos indígenas migrantes para la defensa y ejercicio de sus derechos y la construcción del Buen Vivir en las comunidades transnacionales de Mesoamérica y Norteamérica.

Visión social

Familias y comunidades transnacionales organizadas y movilizadas, reivindican su identidad y experiencia migratoria, y ejercen sus derechos a una vida digna con opciones de arraigo y movilidad en la región de Mesoamérica y Norteamérica.

Visión institucional

 Ser una organización civil con prácticas interculturales y transnacionales, comprometida y especializada en la autogestión de iniciativas de sujetos migrantes y sus aliados para la construcción de procesos de vida digna con opciones de arraigo y movilidad.
  • Trabajamos esperanzados, con imaginación y empeño por una sociedad justa, solidaria y cuidadosa de la tierra como madre y casa común.
  • Creemos en el Buen Vivir y Buen Migrar como horizonte y proyecto político de corto, mediano y largo plazo, que implica reconocer la centralidad de las personas migrantes, sus prácticas subjetivas, contradicciones, aspiraciones y proyectos de existencia en las iniciativas y procesos que impulsamos.
  • Reconocemos y valoramos las contribuciones y aportes de las personas migrantes, sus familias, organizaciones y comunidades a la vida de nuestras sociedades en los países de Mesoamérica y Norteamérica que integran nuestra región migratoria.
  • Nos indignamos por las injusticias económicas y sociales que entrañan las políticas neoliberales, por las distintas formas de violencia y la impunidad, como causas estructurales de los desplazamientos forzados de millones de personas en el mundo y en nuestra región.
  • Compartimos las causas y las luchas de los movimientos que transforman la sociedad, y que en su práctica cotidiana proponen nuevas concepciones y formas de hacer política, ejercer la autoridad y convivir en la pluralidad.
  • Creemos que los proyectos y procesos transnacionales desde abajo, protagonizados por las y los sujetos migrantes, cuestionan los fundamentos y marcos normativos de los Estados-nación y las formas convencionales de la ciudadanía liberal.
  • Fortalecemos las formas propias de las personas migrantes para ejercer responsabilidades y derechos específicos en distintas dimensiones y escalas de la vida transnacional; especialmente aquéllas que enfrentan las formas de exclusión social mediante mecanismos de resistencia y auto-organización.
  • Priorizamos el trabajo de base social y los procesos comunitarios que son participativos, autogestionarios e incluyentes de la diversidad étnica, cultural, política, religiosa y sexual.
  • Promovemos iniciativas y procesos autogestivos orientados a ejercer los derechos de arraigo digno y de movilidad con seguridad humana, en una perspectiva multidimensional (social, política, económica y ecológica).
  • Generamos arraigo, confianza y legitimidad social con las familias, grupos, organizaciones y comunidades con las que compartimos los propósitos de cambio social, practicando la transparencia y la rendición de cuentas.
  • Recreamos relaciones de fraternidad y sororidad en el equipo de trabajo, creando ambientes que favorecen la creatividad, la proactividad, el apoyo mutuo, la espiritualidad y el autocuidado de sus integrantes.
  • Procuramos la coherencia en nuestra práctica diaria y en la interacción con las personas, grupos e instituciones.
  • Incorporamos los principios éticos y políticos de la interculturalidad, la diversidad sociocultural y lingüística, la equidad y justicia entre géneros como condiciones para el Buen Vivir.
Chiapas, localizado en la frontera sur de México, no sólo juega un papel importante en el paso de migrantes provenientes de Centroamérica y otras regiones del mundo, o como destino temporal o permanente de jornaleros agrícolas y trabajadoras domésticas, también es lugar de origen y retorno de un número significativo de chiapanecos que se desplazan a otros estados del país y hacia los Estados Unidos de América (EUA). En los últimos 20 años alrededor de 450 mil chiapanecos se han incorporado a la migración internacional. Todavía mayor es el número de chiapanecos que se ha desplazado a la Península de Yucatán y a las grandes ciudades del Centro y Occidente de México para trabajar en el sector de la construcción y los servicios en los desarrollos turísticos y urbanos. Otro grupo importante y en aumento son los jornaleros agrícolas temporales en las regiones del Bajío y Norte del país.
Un 65 por ciento de los y las migrantes chiapanecos son  campesinos e indígenas. Las necesidades de estos grupos no han sido atendidas desde las instancias públicas y desde la sociedad civil. En la pasada administración estatal (2006-2012) y en la presente (2013-2018), se han implementado programas y acciones de protección a migrantes que tienen un énfasis en la transmigración: atienden a los migrantes, en su mayoría centroamericanos, en su tránsito por Chiapas. Asimismo, la eficacia de estas medidas ha sido cuestionada por estar supeditadas a la política migratoria federal cuyo enfoque predominante sigue siendo el de la seguridad nacional. Además, estas políticas no toman en cuenta las condiciones particulares de las regiones indígenas con las mayores tasas de pobreza, y por consecuencia, los mayores índices de expulsión. Finalmente, no existe un marco legislativo estatal que permita la continuidad de las iniciativas, la coordinación interinstitucional e interestatal y la contraloría ciudadana.
Un problema actual en Chiapas es que las instancias gubernamentales no han puesto la debida atención en los cambios socioculturales, demográficos y económicos vinculados a la emigración de los chiapanecos y su retorno. Por ello ignoran la mayor parte de las múltiples problemáticas que enfrentan, lo que tiene como consecuencia que las demandas de este sector de la población sean desatendidas. Si bien, existe una Oficina de Atención a Chiapanecos en el Exterior en la estructura del gobierno estatal, sus recursos, mecanismos y servicios de cobertura son muy limitados.
Voces Mesoamericanas identifica tres problemáticas centrales que vinculan exclusión, desigualdad y movilidad humana, afectando de manera particular a las y los migrantes indígenas, en particular a aquéllos provenientes de regiones de reciente inclusión en la migración internacional e interestatal. Las tres requieren de medidas y acciones urgentes:
  • Pobreza extrema, violencia y migración de niñas, niños y adolescentes

Chiapas se convirtió en la entidad con mayor porcentaje de población en pobreza. La necesidad de sobrevivencia de los 3 millones 782 mil pobres en Chiapas, que equivale a 74.7% de su población (Coneval, 2012), seguirá empujando la migración indocumentada, especialmente la de jóvenes y menores de 17 años que son los grupos más afectados por la violencia y la pobreza en el país. El informe Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México 2010-2012, elaborado de manera conjunta por la Unicef en México y el Coneval), reveló que el 53.8% de niños y adolescentes menores de 17 años que viven en pobreza y el 12.1% en pobreza extrema. Uno de los casos más trágicos es el de los menores de las comunidades indígenas, pues casi ocho de cada 10 (78.5%) padece condiciones de pobreza, y uno de cada tres de ellos vive en pobreza extrema.
  • Retorno forzado y sin opciones para la reinserción

El retorno de un promedio anual de 17 mil migrantes chipanecos aprehendidos y devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses -según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración-, y de quienes regresan en forma voluntaria. Los migrantes deportados o repatriados no cuentan con ningún mecanismo que garantice su protección durante el traslado a sus localidades de origen, o que atienda su situación familiar o de propiedades y pertenencias que pudieron haber dejado en el país vecino. Numerosos casos documentados indican que los chiapanecos repatriados no disponen de los recursos necesarios para garantizar un traslado seguro a las comunidades de origen, y que su devolución se realiza fuera de los horarios y lugares convenidos, quedando a merced de grupos del crimen organizado. Las políticas de Estado generan muerte y violencia contra los migrantes, y un cúmulo de situaciones traumáticas y aspectos negativos que afectan la subjetividad migrante.
Tampoco existe un mecanismo que atienda las necesidades de reintegración de más largo plazo de la población retornada, tanto en lo económico como lo social. Esto es particularmente grave para la población joven entre 15 y 25 años de edad, ya que con frecuencia enfrentan obstáculos para la reinserción social y productiva en sus comunidades. El capital social que los migrantes han acumulado a lo largo de su experiencia de movilidad no es reconocido ni valorado por sus comunidades, y tampoco existen políticas públicas que potencialicen sus contribuciones a la gestión de la vida social. Los migrantes retornados están invisibilizados en la política migratoria. La Federación destina recursos a los estados para su atención a partir del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) creado en 2010, pero Chiapas no está incluido en la asignación presupuestal. La reinserción económica y social de la población retornada en Chiapas no ha sido una prioridad a la que se destine recursos.
  • Invisibilización y violación de derechos sociales y laborales de jornaleros migrantes

El estado de Chiapas concentra el 15 por ciento de los aproximadamente 2 millones de jornaleros agrícolas en el país. En su mayoría son indígenas que migran y trabajan en campos agrícolas de la región noroeste de México (Sinaloa, Sonora y Baja California) por períodos de hasta seis meses y se encuentran en condiciones inhumanas de explotación laboral y exclusión social. Las condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a la población indígena en Los Altos de Chiapas, aunadas a los diferenciales salariales resultantes, hacen que trabajadores agrícolas de esta región se desplacen hacia zonas con escasez de fuerza de trabajo local y demanda alta de prestación del trabajo agrícola jornalero-migratorio, que labora independientemente de la edad o el sexo, entre 8 y 10 horas diarias en promedio, y La situación de violación de los derechos sociales y laborales de la población jornalera,  principalmente indígena, en México se encuentra invisibilizada.
La imposibilidad de incorporación social y productiva de los miles de jóvenes que engrosan la población económicamente activa en México y Chiapas, incrementará la presión y el descontento social. En el contexto social y económico de EUA y México, resulta muy probable que los flujos migratorios al norte del país y los EUA se incrementarán, y también los costos sociales y humanos a lo largo de las rutas migratorias y del cruce de fronteras internas y nacionales.
La generación de estrategias y políticas públicas que respondan a estas problemáticas, no sólo depende de la sensibilidad y voluntad política de las autoridades estatales, sino también, de la presión social que puedan ejercer los y las migrantes organizados con un mayor conocimiento sobre sus derechos y capacidad de incidencia.
En el contexto actual es necesario que la sociedad civil organizada contribuya a la creación y gestión de políticas que mejoren el acceso de migrantes y sus familias a la justicia y los derechos. También, es necesaria su participación en el diseño de mecanismos para mejorar la rendición de cuentas de las instancias que deben promover el acceso a la justicia y a los derechos de esta población.
Superar la concepción romántica de las migraciones, y considerarla como movimientos sociales en los que se incorporan nuevos dispositivos de dominación y explotación, así como nuevas prácticas de libertad e igualdad, es una condición para que las personas migrantes emerjan como sujetos sociales y políticos. Voces Mesoamericanas plantea reconocer a las y los migrantes como sujetos sociales que protagonizan procesos de una transnacionalización desde abajo, y observar los movimientos y conflictos migratorios desde una perspectiva que priorice las prácticas subjetivas, los deseos, las expectativas y los comportamientos de los propios migrantes.
Voces Mesoamericanas reconoce la centralidad de las personas en las experiencias, movimientos y conflictos migratorios. Sus enfoques y compromisos de trabajo parten de reconocer la diversidad de formas del sujeto migrante, de los modos de pertenencia múltiple y cambiante de mujeres y hombres que viven la migración como experiencia social concreta.
  • Transnationalism: This approach offers a different view of migration as collective processes and a "way of life” that creates transnational families and communities that expand beyond the borders of nation-states, and establish new practices, relationships, and social structures.
Enfoques
  • Transnacionalismo: propone una mirada diferente de las migraciones como procesos colectivos y una “forma de vida” que crea familias y comunidades transnacionales que sobrepasan las fronteras de los Estados-nación, y configuran nuevas prácticas, relaciones y estructuras sociales.
Este enfoque implica visualizar todos los sujetos y sujetas de los flujos migratorios y redefinir la comunidad en términos de pertenencia, territorio simbólico y relaciones; no sólo como ámbito geográfico. Además de reconocer una serie de prácticas y procesos diarios que dan significado a la acción de cruce de fronteras y  de vivir en hogares trasnacionales, y los cambios que se producen en las relaciones de poder y de género.
Las comunidades transnacionales configuran espacios donde circulan personas, información, bienes, capital, servicios, así como símbolos culturales que son cada vez más difíciles de reclamar como patrimonio de una sola cultura nacional.
  • Interculturalidad: considerar la pertenencia étnica y los modos de vida cambiantes de las personas migrantes, implica la incorporación de un enfoque que respete la diversidad sociocultural y lingüística, de cosmovisiones y costumbre, y reconozca el potencial político de las diferencias en los contextos migratorios. Retomamos la propuesta de una interculturalidad crítica como proyecto, proceso y prácticas políticas encaminadas a la transformación de estructuras y relaciones de dominación, y la generación de condiciones de igualdad en la diferencia.
La incorporación de un enfoque de interculturalidad supone el desarrollo de aptitudes y actitudes para trabajar con las diferencias. Ello es posible a partir de un proceso de sensibilización y concientización que implica una comprensión compleja de las realidades migratorias. Se trata de transformar e instalar los discursos, pero fundamentalmente, de un cambio en las visiones y prácticas institucionales y personales.
El enfoque de derechos implica crear o fortalecer mecanismos jurídicos, políticos y  administrativos de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de migrantes, sus familias, organizaciones  y comunidades para su cumplimiento y en contra de su posible violación.