Contexto y Justificación

Chiapas, localizado en la frontera sur de México, no sólo juega un papel importante en el paso de migrantes provenientes de Centroamérica y otras regiones del mundo, o como destino temporal o permanente de jornaleros agrícolas y trabajadoras domésticas, también es lugar de origen y retorno de un número significativo de chiapanecos que se desplazan a otros estados del país y hacia los Estados Unidos de América (EUA). En los últimos 20 años alrededor de 450 mil chiapanecos se han incorporado a la migración internacional. Todavía mayor es el número de chiapanecos que se ha desplazado a la Península de Yucatán y a las grandes ciudades del Centro y Occidente de México para trabajar en el sector de la construcción y los servicios en los desarrollos turísticos y urbanos. Otro grupo importante y en aumento son los jornaleros agrícolas temporales en las regiones del Bajío y Norte del país.

Un 65 por ciento de los y las migrantes chiapanecos son  campesinos e indígenas. Las necesidades de estos grupos no han sido atendidas desde las instancias públicas y desde la sociedad civil. En la pasada administración estatal (2006-2012) y en la presente (2013-2018), se han implementado programas y acciones de protección a migrantes que tienen un énfasis en la transmigración: atienden a los migrantes, en su mayoría centroamericanos, en su tránsito por Chiapas. Asimismo, la eficacia de estas medidas ha sido cuestionada por estar supeditadas a la política migratoria federal cuyo enfoque predominante sigue siendo el de la seguridad nacional. Además, estas políticas no toman en cuenta las condiciones particulares de las regiones indígenas con las mayores tasas de pobreza, y por consecuencia, los mayores índices de expulsión. Finalmente, no existe un marco legislativo estatal que permita la continuidad de las iniciativas, la coordinación interinstitucional e interestatal y la contraloría ciudadana.

Un problema actual en Chiapas es que las instancias gubernamentales no han puesto la debida atención en los cambios socioculturales, demográficos y económicos vinculados a la emigración de los chiapanecos y su retorno. Por ello ignoran la mayor parte de las múltiples problemáticas que enfrentan, lo que tiene como consecuencia que las demandas de este sector de la población sean desatendidas. Si bien, existe una Oficina de Atención a Chiapanecos en el Exterior en la estructura del gobierno estatal, sus recursos, mecanismos y servicios de cobertura son muy limitados.

Voces Mesoamericanas identifica tres problemáticas centrales que vinculan exclusión, desigualdad y movilidad humana, afectando de manera particular a las y los migrantes indígenas, en particular a aquéllos provenientes de regiones de reciente inclusión en la migración internacional e interestatal. Las tres requieren de medidas y acciones urgentes:

Pobreza extrema, violencia y migración de niñas, niños y adolescentes

Chiapas se convirtió en la entidad con mayor porcentaje de población en pobreza. La necesidad de sobrevivencia de los 3 millones 782 mil pobres en Chiapas, que equivale a 74.7% de su población (Coneval, 2012), seguirá empujando la migración indocumentada, especialmente la de jóvenes y menores de 17 años que son los grupos más afectados por la violencia y la pobreza en el país. El informe Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México 2010-2012, elaborado de manera conjunta por la Unicef en México y el Coneval), reveló que el 53.8% de niños y adolescentes menores de 17 años que viven en pobreza y el 12.1 en pobreza extrema. Uno de los casos más trágicos es el de los menores de las comunidades indígenas, pues casi ocho de cada 10 (78.5%) padece condiciones de pobreza, y uno de cada tres de ellos vive en pobreza extrema.

Retorno forzado y sin opciones para la reinserción

El retorno de un promedio anual de 17 mil migrantes chipanecos aprehendidos y devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses -según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración-, y de quienes regresan en forma voluntaria. Los migrantes deportados o repatriados no cuentan con ningún mecanismo que garantice su protección durante el traslado a sus localidades de origen, o que atienda su situación familiar o de propiedades y pertenencias que pudieron haber dejado en el país vecino. Numerosos casos documentados indican que los chiapanecos repatriados no disponen de los recursos necesarios para garantizar un traslado seguro a las comunidades de origen, y que su devolución se realiza fuera de los horarios y lugares convenidos, quedando a merced de grupos del crimen organizado. Las políticas de Estado generan muerte y violencia contra los migrantes, y un cúmulo de situaciones traumáticas y aspectos negativos que afectan la subjetividad migrante.

Tampoco existe un mecanismo que atienda las necesidades de reintegración de más largo plazo de la población retornada, tanto en lo económico como lo social. Esto es particularmente grave para la población joven entre 15 y 25 años de edad, ya que con frecuencia enfrentan obstáculos para la reinserción social y productiva en sus comunidades. El capital social que los migrantes han acumulado a lo largo de su experiencia de movilidad no es reconocido ni valorado por sus comunidades, y tampoco existen políticas públicas que potencialicen sus contribuciones a la gestión de la vida social. Los migrantes retornados están invisibilizados en la política migratoria. La Federación destina recursos a los estados para su atención a partir del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) creado en 2010, pero Chiapas no está incluido en la asignación presupuestal. La reinserción económica y social de la población retornada en Chiapas no ha sido una prioridad a la que se destine recursos.

Invisibilización y violación de derechos sociales y laborales de jornaleros migrantes

El estado de Chiapas concentra el 15 por ciento de los aproximadamente 2 millones de jornaleros agrícolas en el país. En su mayoría son indígenas que migran y trabajan en campos agrícolas de la región noroeste de México (Sinaloa, Sonora y Baja California) por períodos de hasta seis meses y se encuentran en condiciones inhumanas de explotación laboral y exclusión social. Las condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a la población indígena en Los Altos de Chiapas, aunadas a los diferenciales salariales resultantes, hacen que trabajadores agrícolas de esta región se desplacen hacia zonas con escasez de fuerza de trabajo local y demanda alta de prestación del trabajo agrícola jornalero-migratorio, que labora independientemente de la edad o el sexo, entre 8 y 10 horas diarias en promedio, y percibe 1.6 salarios mínimos diarios  según la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) de 2009. La situación de violación de los derechos sociales y laborales de la población jornalera,  principalmente indígena, en México se encuentra invisibilizada.

La imposibilidad de incorporación social y productiva de los miles de jóvenes que engrosan la población económicamente activa en México y Chiapas, incrementará la presión y el descontento social. En el contexto social y económico de EUA y México, resulta muy probable que los flujos migratorios al norte del país y los EUA se incrementarán, y también los costos sociales y humanos a lo largo de las rutas migratorias y del cruce de fronteras internas y nacionales.

La generación de estrategias y políticas públicas que respondan a estas problemáticas, no sólo depende de la sensibilidad y voluntad política de las autoridades estatales, sino también, de la presión social que puedan ejercer los y las migrantes organizados con un mayor conocimiento sobre sus derechos y capacidad de incidencia.

En el contexto actual es necesario que la sociedad civil organizada contribuya a la creación y gestión de políticas que mejoren el acceso de migrantes y sus familias a la justicia y los derechos. También, es necesaria su participación en el diseño de mecanismos para mejorar la rendición de cuentas de las instancias que deben promover el acceso a la justicia y a los derechos de esta población.

 Superar la concepción romántica de las migraciones, y considerarla como movimientos sociales en los que se incorporan nuevos dispositivos de dominación y explotación, así como nuevas prácticas de libertad e igualdad, es una condición para que las personas migrantes emerjan como sujetos sociales y políticos. Voces Mesoamericanas plantea reconocer a las y los migrantes como sujetos sociales que protagonizan procesos de una transnacionalización desde abajo, y observar los movimientos y conflictos migratorios desde una perspectiva que priorice las prácticas subjetivas, los deseos, las expectativas y los comportamientos de los propios migrantes.

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